SÍ SE PUEDE – AIL ANTE LA LOMCE

_sevendeenseanza_4e202f6bLa LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, ha sido aprobada en el Congreso con el único apoyo del PP, estando el resto de grupos parlamentarios en contra, así como la inmensa mayoría de la comunidad educativa que, de múltiples formas, se ha expresado en este sentido a lo largo de los últimos meses.

Puede parecer contradictorio seguir adelante con una ley tan criticada, en cuya elaboración no se ha considerado la postura de los agentes educativos implicados y que da importancia a la introducción de leyes del mercado en el funcionamiento del sistema educativo español.

Y es que se trata de una ley que legitima la implantación de un modelo educativo segregador y mercantilista que culmina un proceso, de desmantelamiento y deterioro del sistema público, ya trazado mucho antes de que se aludiese a la crisis como excusa para recortar ferozmente en el ámbito educativo.

Ya en 1996, un informe del Grupo de trabajo sobre educación y formación de la Comisión Europea anunciaba que: “Los sistemas de educación y de formación contribuirán a la competitividad europea, siempre que se adapten a las características de la empresa del año 2000”.

Así mismo, también en 1996, en el Cuaderno de política económica 13, del Centro de Desarrollo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se apuntaba que “Se pueden aconsejar numerosas medidas que no crean dificultad política (…). Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje. Se pueden reducir, por ejemplo, los créditos para el funcionamiento de las escuelas o universidades pero sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera que se evita el descontento generalizado de la población.”

De esta manera, la participación de empresas privadas en la red pública, cesión de terrenos públicos para escuelas concertadas, disminución del profesorado, aumento de alumnos por aula, fusión de centros, eliminación de becas, etc. Son realidades que  se han convertido en una constante a lo largo de los últimos años.

Y es que la LOMCE tiene como objetivo fundamental  reorientar al alumnado hacia el tipo de formación que demandan los procesos productivos.

De hecho, cuando se alude a los malos resultados que obtiene España en el ámbito educativo, en comparación con otros países, se consideran los resultados del informe PISA, enfocado a la preparación de pruebas externas y elaborado por la propia OCDE.

José Ignacio Wert, en su día presidente de la EFQM, pretende mejorar la calidad educativa sin inversión ni el conocimiento centrado en el alumno. El motor de cambio se fundamenta en la idea de que la educación debe responder a las necesidades económicas del Estado.

La educación pasa así a depender de los procesos económicos desde una perspectiva mercantilista y utilitarista de la misma.

En el propio preámbulo de la ley ya se identifica el concepto de educación con “El motor de la competitividad de un país”  cuyo nivel educativo se determina por “La capacidad de competir en la arena internacional”.

El propio sistema educativo se define como “El conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo”

Es este un guiño a la legalización de la progresiva privatización del sistema educativo. Equiparando los centros privados y concertados y considerándolos como “proveedores” del “servicio” público de educación.

Se aceptan conciertos para centros que diferencian la educación por sexos y solamente las etapas de Primaria, Secundaria obligatoria y ciclos de Formación Profesional básica se consideran integrantes de la educación básica. De esta manera, la etapa de Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Medio, superior, Régimen Especial y Universidad quedan fuera del amparo de las administraciones.

Como objetivos fundamentales, la LOMCE  plantea:

.- Flexibilizar las trayectorias.

En la práctica se trata de encasillar al alumnado desde edades más tempranas. Aparecen itinerarios en 2º y en 4º de la ESO que obligarán a elegir entre una vía académica y otra profesional.

Los alumnos que cursen las llamadas  ”enseñanzas aplicadas” ya no obtendrán, como hasta ahora, el Graduado Escolar.

De esta manera se imprime al sistema educativo un carácter segregador en contradicción con la idea de la escuela como compensadora de desigualdades.

.- Introducir pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa:

En sexto, no constará en el expediente pero sí quedará recogido en el expediente académico.

Para obtener el título de graduado en Educación Secundaria, que da acceso a acceder a las enseñazas post-obligatorias.

Para obtener el título de bachiller.

De esta forma, el paso por el sistema educativo se convierte en una carrera de obstáculos, que fomentan la competencia entre centros y castigan a aquellos cuyos resultados sean peores retirándoles recursos.

.- Reforzar en todas las etapas el aprendizaje de las materias instrumentales.

Se eliminan asignaturas artísticas y se prioriza la preparación de las pruebas externas estandarizadas, desvirtuando la idea de que el proceso educativo debe formar al alumno en todas sus facetas, adaptándose a sus peculiaridades concretas.

En la etapa de primaria y de secundaria se trabajará transversalmente el “emprendimiento empresarial”

.- Aumentar la autonomía de los centros, fomentando su especialización y exigiendo que se rindan cuentas.

La autonomía se define en base a los “resultados a obtener” y “gestión a desarrollar”, términos que obedecen a la lógica empresarial que fundamenta esta ley.

Apuesta por la “especialización de los centros en los ámbitos curricular, funcional o por tipología de alumnado” en base a “actuaciones tendentes  a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento” que serán recompensadas con “medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros”.

Considera la excelencia, bajo este prisma,  como la capacidad para separar a sus “mejores”  de “sus peores”, se potencia la segregación, ya que muy pocos centros serán excelentes, siendo éstos y no las administraciones los responsables del éxito o fracaso  en la lucha por obtener más recursos.

.- Adaptar la Formación Profesional a los requerimientos de los sectores productivos y la incorporación de las empresas en el propio proceso productivo.

Se trata de un modelo de formación profesional en el que las empresas ven incrementado su poder de decisión acerca de la formación del alumnado, que servirá además de mano de obra barata, a través de prácticas gratuitas y de contratos en prácticas (por un 40% menos del salario que un trabajador normal).

.- Crear un nuevo título de Formación Profesional Básica.

Para el alumnado que a los 15 años no continúe con el bachillerato no obtendrá el título de Graduado en ESO.

Respecto a la participación y democratización de la educación, se reduce la participación democrática en los centros, pasando el Consejo Escolar a ser un órgano consultivo y fortaleciendo a la Administración a la hora de elegir al director respecto al personal docente que pasa de tener el 33% al 15% en la comisión de elección.

La LOMCE por tanto, está diseñada para hacer de la escuela un objeto de mercado, que segregue al alumnado en función de un concepto genetista de la capacidad del mismo, pues afirma que “la naturaleza del talento difiere de un estudiante a otro, por lo que es misión del Sistema Educativo reconocer dichos talentos y potenciarlos”. La educación ya no se entiende como un derecho.

De esta manera se cercenan los principios de atención a la diversidad y equidad, en una ley en la que no aparece la palabra pedagogía, ni términos que procedan de ella; sino de la lógica del mercado.

La autonomía no se entiende como una serie de decisiones sobre el propio proyecto de un centro, en función de su contexto; sino como la gestión de los recursos económicos, en función del capital que se tenga.

Es una ley, por tanto, que no dialoga con ningún agente social ni con el sentir general de la comunidad educativa, a favor de una lógica de mercado en sintonía con las políticas sociales que se vienen incorporando.

Desde Sí se Puede – Alternativa de Izquierdas de Leganés, nos oponemos a esta ley, así como a todas las políticas educativas que impidan el derecho a una educación pública de calidad para todos y todas.

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